Qué hacer con la mascota en un divorcio

30, agosto | Divorcio - Custodia Compartida - Parejas de Hecho - Convenio Regulador - Divorcio mutuo acuerdo - Visitas y vacaciones | Sin comentarios

En nuestra sociedad, y especialmente en los núcleos urbanos, se ha producido un claro aumento de personas que cuentan con un animal de compañía.  Así como una mayor sensibilización hacia los casos de maltrato animal, solo hay que observar el progresivo aumento de  asociaciones con iniciativas que buscan la protección de los animales.

También es innegable la vinculación afectiva que se produce entre el núcleo familiar y la mascota.

No es extraño por ello,  que al dejar la pareja de vivir juntos sus integrantes muestren el deseo de regular en su Pacto de relaciones o Convenio Regulador qué hacer con la mascota con la que también han convivido, como una parte más de las atenciones que a la misma le prestan.

Lo primero que cabe preguntarse para saber el alcance de dichos acuerdos, es si la mascota es acreedora de la tutela jurisdiccional (art. 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Siendo la respuesta afirmativa, y por tanto pudiendo recoger el Convenio  pactos sobre tenencia y cuidados de nuestros animales de compañía (dentro del marco de regulación el Código Civil).

Al solicitar que el Convenio Regulador regule también la situación de la mascota, las dudas que más frecuentemente surgen son:

1.- Determinar quién es su dueño (propietario), ya que se puede haber adquirido durante la convivencia.

Debemos acudir al art. 333 del Código Civil y atender a quien posee (pasaporte/cartilla veterinaria, a nombre de quien va su microchip identificativo, etc. Y si ambos son propietarios, cabe resolver la situación con una disolución de condominio (art.401 del Código Civil).

2. Si queremos mantener esa propiedad, especialmente cuando la mascota (perro, gato, tortuga, etc) pertenecen o son cuidados por los hijos. En estos casos como el disfrute del animal no puede ser conjunto una solución habitual es establecer una custodia compartida.

Como afrontar en estos casos de cuidado compartido los gastos de la mascota (comida, veterinario, seguro de responsabilidad, desparasitación, etc.). Siendo lo habitual un reparto de los  mismos durante toda la vida del animal. Pero sin que pueda en modo alguno entender que estamos ante una pensión de alimentos pues solo los seres humanos son merecedores de la especial protección que en este punto ofrece el Código Civil y legislaciones forales.

3. Que ocurre con la responsabilidad del cuidador de la mascota,  conforme al 1.905 del Código Civil  es inherente a la posesión o utilización en interés propio del animal, responsabilidad de tipo objetivo que conlleva la obligación de indemnización (daño emergente y lucro cesante)  a cargo del poseedor o usuario. (Baste recordar la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de abril de 2000 (RJ 2000, 2972)

Tema este que resulta ser el más trascendente y no debe ser olvidado en los convenios,  en casos en que no existe coincidencia entre el dueño del animal o su usuario o cuidador al momento de la producción de los daños a resarcir (Sentencia Tribunal Supremo de 28 de enero de 1986) por ser regla general excluir al que se sirve del animal o es su mero detentador de forma transitoria, por no existir en tales casos trasferencia de su “guarda jurídica”. Situación que se complica si el animal se encuentra dentro de la categoría de animales potencialmente peligrosos, en cuyo caso hay que estar a la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, RD 1398/93 de 4 de agosto,  y al RD 287/02 de 22 de marzo (animales de especie canina).


Debemos por tanto concluir que no solo se puede regular, sino que es muy conveniente hacerlo, una vez ya superadas en parte las posturas reticentes a su inserción entre los pactos de los Convenios en la esfera judicial.  Estamos antes seres vivos sensibles e independientes y no meros objetos de capricho, de ahí que merezcan atención y protección también cuando dejamos de convivir.

Siendo conscientes en todo momento de que la amplitud de algunos de los pactos no puede tener el alcance y  la extensión que el art. 90 del Código Civil concede a las medidas a favor de los hijos y ex cónyuges, sino que quedarán en el ámbito de las declaraciones de voluntad cuyo cumplimiento no puede ser exigible fuera de la relación entre las partes. 

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